Anticanon

No salgo de mi asombro pero no debería de sorprenderme. Que el propio Estado establezca un impuesto de facto a favor de entidades privadas, desoyendo la oposición de gran parte de sus ciudadanos (desde luego más numerosa que aquella a quien favorece con la medida pero bastante de largo), es más que  reprochable, pero es que además se atreve a considerarnos como delincuentes. Eso ya se sale de todos los esquemas de la lógica.

Las normas legales, reglamentarias o del rango que sean suponen una manifestación de la soberanía (que reside en el pueblo, no en sus representantes, por si algún político se olvida), del sentir o interés general sobre tal o cual asunto.  Insisto que no dependen de grupos de presión de tamaño irrisorio comparado con la ciudadanía de este país. Sin embargo, desoyendo toda lógica o razón, se ha aprobado en esta monarquía bananera una ley que obliga a todo ciudadano que utilice determinados medios reproductores o almacenadores digitales, susceptibles de poder vulnerar los derechos de autor, a pagar un canon en contraprestación por los derechos de autor que podría vulnerar.

Que podría. Tengamos en cuenta que los autores deberían de obtener una retribución por sus obras independientemente de que el resto de conciudadanos esté de acuerdo o no (si preguntáramos sobre los bancos habría bastante consenso acerca de que no deberían de tener compensaciones económicas por nada de lo que hacen). Hablando bien, rápido y pronto y desde esa perspectiva, SE ESTÁN PASANDO POR EL FORRO DE LOS RESPETABLES LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 CE. Tal y como suena. Dan por hecho de que todo aquel que compra un cd virgen es para vulnerar los derechos ajenos, de que quien se compra un reproductor de música lo hace para mofarse de las expectativas económicas de los autores, de que quien retira un libro en préstamo de una biblioteca lo hace dolosamente para evitar financiar de su bolsillo las aventuras literarias de otro.

En cuanto a los libros no voy a dejar de hacerlo, ya que me encantan y seguiré con el papel como soporte, pero en cuanto a música y películas (tengo demasiados cds, vhs y dvds) tendré que presumir yo también que con el canon que soportamos todos ya cubro los derechos de autor ajenos y me posibilita jurídicamente descargarme de internet toda la música, películas, documentales y lo que cuadre, siempre que lo haga en soportes que paguen canon. ¿Esa es la idea, no, señores de la SGAE? A lo mejor es que soy demasiado tonto y ustedes demasiado listos y lo he entendido mal, pero como la ley se puede interpretar... Ya lo irán decidiendo los jueces, que a ellos les corresponde.

Por cierto, que debe de ser por algo que cuando en Google se busca "ladrones", la primera página que aparecía hasta hace un par de semanas en la búsqueda fuera la de la SGAE (ahora aparece la 3ª). Por cierto que aunque utilicen el subterfugio de cambiarla por un .html que tenga la palabra citada en su contenido, antes, cuando aparecían los primeros, era la página principal. Será que soy muy desconfiado, igual que otro par de millones de españoles más.

Espero sinceramente que cada uno tenga su compensación por lo que crea, pero no a costa de todos. Si esto sigue así, habrá que plantearse asociarse para plantear demandas colectivas de compensación de derechos de autor por los soportes utilizados que no vulneren la propiedad intelectual ajena porque se valgan de la propia (grabar fotos propias, escritos propios, música o arte propios). Y que lo paguen con intereses.

Para acabar, me queda la duda de cómo va a distribuirse el beneficio por el canon que reciban las sociedades de gestión de derechos de autor (principalmente la SGAE). Quizá por número de ventas (aunque hay muchos que son mucho más descargados que comprados y tienen muchísima más audiencia que los segundos), por perntenencias o afinidades políticas, por comadreo, por sorteo, por uno para tí, 10.000 para mí... No estaría de más saber cómo y cuánto reciben cada uno de los intervinientes, con el criterio que motiva el reparto, por supuesto.

Que no se les atragante la última votación del Senado respecto al canon.

A rascarla.

¡Qué bonito!, la Navidad adelantada, los anuncios de Freixenet, los candidatos a diputados (que no a la Presidencia del Gobierno, formalmente hablando, ya que tal candidatura la presenta el Rey y quien no sepa los detalles que me mande un correo o se lea la Constitución) presentando cada cual rebajas fiscales que (me) dejan helada la sangre. Insisto, ¡qué bonito!

Cómo decir que no a una supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, que beneficia claramente a la gran mayoría de la población (el 19,90% de la población española, según el INE, vive por debajo del umbral de la pobreza), a ese impuesto injustificado que tiene como excusa la redistribución de la renta y la riqueza, esa vil intención de la Constitución Española que impone tal fin a los impuestos. Nos beneficia a todos, ¡que quiten todos los impuestos!. Así, las carreteras, infraestructuras, educación y demás trivialidades se podrán financiar mediante capital privado de una forma mucho más eficiente y más exclusiva. Sólo los utilizarán quienes puedan pagarlos. Porque como en este país a todos nos gusta estirar el cuello aparentando prosperidad, eso implícitamente conlleva que somos todos lo suficientemente solventes en el plano financiero para hacer frente a todos esos costes sin la interferencia de papá Estado, ¿no?.

En fin, dejando de un lado las gilipolleces, ya no sé si resignarme y plantearme que aprender sueco no es mala idea o indignarme una vez más (en el medio queda la cosa). En esta tierra de miserables todo vale por un voto más. Por supuesto el coste de ese voto lo soportamos un gran número de ciudadanos a los que nos la trae al fresco que Pepito tenga un voto más o menos, tanto da un inútil u otro gobernando la nación. Así, como vamos a soportar por meros motivos electorales que el Estado subvencione las pérdidas de los inversores de Afinsa y Fórum Filatélico y sin embargo si algún contribuyente que cumple con sus obligaciones tributarias e invierte además en entidades autorizadas y mercados organizados tiene una pérdida patrimonial, que se la envaine, que para eso arriesgó. Lo último, el acabóse.

Creo que se nota que me fastidia la mera mención de la intención de suprimir el único impuesto que estoy ansioso por pagar, pero que de momento va mal el asunto. Más que nada es porque una reforma fiscal que ha entrado en vigor en este 2007 por la que un trabajador que gane unos 36.000 euros brutos al año realmente tiene una carga tributaria real, tras deducciones, de más o menos un 27% o poco más (dejaremos aparte las cotizaciones a la seguridad social, ya que redundan en su beneficio, pero que suponen un 4,70% adicional), es decir, contribuye con unos 9.720 euros al sostenimiento del gasto público. Mientras tanto, alguien que tenga unos 783.000 euros a plazo fijo, a un tipo del 4,60%, aporta un 18% de esa ganancia al mismo fin, es decir, 6.480 euros. El que más tiene (suponiendo que el que trabaja no tenga también un patrimonio del copón), paga menos, concretamente en el ejemplo, 3.240 euros menos al año, o 270 euros menos al mes, como se prefiera. Si además, se suprime el impuesto sobre el patrimonio, mucho mejor, dónde va a parar.

Con la legislación anterior, en ese supuesto, si los rendimientos de capital mobiliario (los intereses) se generasen en menos de 2 años, ambos pagarían lo mismo. Ello supone dos cosas muy importantes; que el Estado deja de ingresar un montón de euros por la rebaja fiscal que ha servido en bandeja a los más ricos (ya que insisto, los pobres difícilmente tienen ganancias patrimoniales o rendimientos de capital mobiliario), lo que repercute en un menor servicio público y lo más alarmante, que realmente la carga tributaria en función de los ingresos y del patrimonio del contribuyente es REGRESIVA. Significa que el que más tiene paga MENOS QUE PROPORCIONALMENTE que el que menos tiene. Me contengo para no soltar toda la ristra de improperios que me vienen a la cabeza. La Constitución Española de 1978, que por lo menos que yo sepa no se ha derogado, en su artículo 31 establece la necesidad de un sistema tributario basado en la PROGRESIVIDAD y capacidad económica. Cada vez más, las diferentes reformas fiscales consiguen precisamente lo contrario. Y las polichinelas del Tribunal Constitucional, garante de la constitucionalidad de las leyes y bla, bla, bla, se ve que no se han dado cuenta (si es que se ha planteado recurso, que lo ignoro, y si no se ha planteado es que el resto de las fuerzas políticas consienten).

Con este panorama, y con el añadido de que los impuestos indirectos tienden a ser regresivos (por la menos que proporcional propensión de las rentas más altas al consumo de bienes y servicios), tiene sentido que aprender sueco me haga tilín. Lo malo es generar ingresos en aquellas latitudes, pero habrá que devanarse los sesos para solucionarlo.
Al final, suprimirán el impuesto de patrimonio, el de sucesiones y donaciones, mejorarán el tratamiento fiscal de los rendimientos de capital en detrimento de los del trabajo y puede que así vuelvan los deportistas y demás élite ciudadanil que han fijado su residencia en Suiza, Mónaco, etc para evitar tributar en España. Pero sinceramente, aunque volvieran todos, el tremendo agujero en cuanto a ingresos que iba a suponer tal atrocidad de reforma fiscal no se iba a reducir demasiado. Y con menos ingresos, menos gastos, menos servicios públicos para la mayoría.
Y ya no digo nada de otros factores y circunstancias que confluyen, porque sonaría bastante catastrofista.

A prepararse para las vacas flacas, toca. Que cada palo aguante su vela y que cada uno tome su decisión "racional" sobre sus expectativas de voto el año que viene.

ALEA JACTA EST.