Anticanon

No salgo de mi asombro pero no debería de sorprenderme. Que el propio Estado establezca un impuesto de facto a favor de entidades privadas, desoyendo la oposición de gran parte de sus ciudadanos (desde luego más numerosa que aquella a quien favorece con la medida pero bastante de largo), es más que  reprochable, pero es que además se atreve a considerarnos como delincuentes. Eso ya se sale de todos los esquemas de la lógica.

Las normas legales, reglamentarias o del rango que sean suponen una manifestación de la soberanía (que reside en el pueblo, no en sus representantes, por si algún político se olvida), del sentir o interés general sobre tal o cual asunto.  Insisto que no dependen de grupos de presión de tamaño irrisorio comparado con la ciudadanía de este país. Sin embargo, desoyendo toda lógica o razón, se ha aprobado en esta monarquía bananera una ley que obliga a todo ciudadano que utilice determinados medios reproductores o almacenadores digitales, susceptibles de poder vulnerar los derechos de autor, a pagar un canon en contraprestación por los derechos de autor que podría vulnerar.

Que podría. Tengamos en cuenta que los autores deberían de obtener una retribución por sus obras independientemente de que el resto de conciudadanos esté de acuerdo o no (si preguntáramos sobre los bancos habría bastante consenso acerca de que no deberían de tener compensaciones económicas por nada de lo que hacen). Hablando bien, rápido y pronto y desde esa perspectiva, SE ESTÁN PASANDO POR EL FORRO DE LOS RESPETABLES LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL ART. 24.2 CE. Tal y como suena. Dan por hecho de que todo aquel que compra un cd virgen es para vulnerar los derechos ajenos, de que quien se compra un reproductor de música lo hace para mofarse de las expectativas económicas de los autores, de que quien retira un libro en préstamo de una biblioteca lo hace dolosamente para evitar financiar de su bolsillo las aventuras literarias de otro.

En cuanto a los libros no voy a dejar de hacerlo, ya que me encantan y seguiré con el papel como soporte, pero en cuanto a música y películas (tengo demasiados cds, vhs y dvds) tendré que presumir yo también que con el canon que soportamos todos ya cubro los derechos de autor ajenos y me posibilita jurídicamente descargarme de internet toda la música, películas, documentales y lo que cuadre, siempre que lo haga en soportes que paguen canon. ¿Esa es la idea, no, señores de la SGAE? A lo mejor es que soy demasiado tonto y ustedes demasiado listos y lo he entendido mal, pero como la ley se puede interpretar... Ya lo irán decidiendo los jueces, que a ellos les corresponde.

Por cierto, que debe de ser por algo que cuando en Google se busca "ladrones", la primera página que aparecía hasta hace un par de semanas en la búsqueda fuera la de la SGAE (ahora aparece la 3ª). Por cierto que aunque utilicen el subterfugio de cambiarla por un .html que tenga la palabra citada en su contenido, antes, cuando aparecían los primeros, era la página principal. Será que soy muy desconfiado, igual que otro par de millones de españoles más.

Espero sinceramente que cada uno tenga su compensación por lo que crea, pero no a costa de todos. Si esto sigue así, habrá que plantearse asociarse para plantear demandas colectivas de compensación de derechos de autor por los soportes utilizados que no vulneren la propiedad intelectual ajena porque se valgan de la propia (grabar fotos propias, escritos propios, música o arte propios). Y que lo paguen con intereses.

Para acabar, me queda la duda de cómo va a distribuirse el beneficio por el canon que reciban las sociedades de gestión de derechos de autor (principalmente la SGAE). Quizá por número de ventas (aunque hay muchos que son mucho más descargados que comprados y tienen muchísima más audiencia que los segundos), por perntenencias o afinidades políticas, por comadreo, por sorteo, por uno para tí, 10.000 para mí... No estaría de más saber cómo y cuánto reciben cada uno de los intervinientes, con el criterio que motiva el reparto, por supuesto.

Que no se les atragante la última votación del Senado respecto al canon.

A rascarla.